Author: admin

LEOPOLDO LÒPEZ Y LA VIOLENCIA POLÌTICA

Por: Juan Diego Castro León
@castroyleon

El coordinador nacional del movimiento Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, fue condenado a 13 años y 9 meses en prisión, por instigar los hechos de violencia de los primeros meses del 2014 en Venezuela, los cuales resultaron en la muerte de 43 personas por causa de los enfrentamientos entre la policía, y los llamados “Guarimberos” – por las técnicas de saboteo y violencia que usaban.

Tras entregarse a la justicia el 18 de febrero de 2014, López fue trasladado a la cárcel de Ramo Verde, en donde se le imputaron los cargos de; 1. Instigación pública; 2. Daños a propiedad, en grado de determinador; 3. Incendio, en grado de determinador; 4. Y asociación para delinquir – el cual conlleva una pena de 6 a 10 años de prisión.

LEO FOTO: Leopoldo López y otros opositores en RAMO VERDE.

Tras 18 meses de investigación, audiencias y dilatación por parte de la defensa, López fue condenado por participar y liderar el plan conspirativo proclamado por el mismo como, “La Salida”, para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro.

Las investigaciones concluyeron que 6 personas murieron por disparos atribuidos a las fuerzas de seguridad del Estado, y 37 como resultado de las guarimbas que López promovió, como estrategia para desestabilizar el país. Estas 37 personas perdieron la vida al intentar retirar las guarimbas o por trampas y accidentes causada por las mismas. Otras al ser agredidas por guarimberos. Y otras por no poder llegar a centros hospitalarios por los bloqueos de las guarimbas.

Pero recordemos quien es Leopoldo López, héroe para muchos medios opositores del gobierno de Maduro, y victimario para las familias de decenas de familias Venezolanas.

Leopoldo López, es hijo de una familia pudiente Venezolana, que proclama ser – por parte de su madre – descendiente de Simón Bolívar; figura histórica Latinoamericana que inspiró la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez.

Su tío abuelo fue ministro durante el mandato de Eleazar López Contreras, presidente que por decreto exilió a políticos y personas comunes que tenían afinidad por ideología Comunista y Anarquista.

Su padre fue acusado de fraude y lavado de dinero, en una investigación de Interpol, por mover decenas de miles de dólares a Singapur.

Su madre fue la vicepresidenta del Grupo Cisneros, que fue uno de los principales financiadores y apoyos – por medio de la cadena Venevisión – del Golpe de Estado en 2002. Igualmente estuvo involucrada en un escándalo de conflicto de interés por transferir fondos públicos a su hijo, cuando ella se desempeñaba como Gerente de Asuntos Públicos de PDVSA en 1999.

Como Alcalde de Chacao, López lideró el Golpe de Estado de 2002 en contra del presidente Hugo Chávez. De igual manera durante los días del Golpe lideró a una muchedumbre que intentó linchar al Ministro del Interior de la época.

Igualmente fue investigado por rebelión, por promover la llamada Operación de la Plaza Altamira en Octubre de 2002, en donde se refugiaron 14 militares disidentes que auto declararon la zona territorio liberado.

También fue inhabilitado por la Contraloría de Venezuela por desviar recursos públicos cuando ejercía como Alcalde.

López fue uno de los padrinos políticos de Lorent Saleh, mejor conocido por ser el simpatizante Neonazi Venezolano, que con ayuda de militares colombianos y políticos de oposición pretendía realizar acciones terroristas en Venezuela con francotiradores, bombas, y la creación de un grupo paramilitar.

Leopoldo-orent Leopoldo López y Lorent Saleh

(Análisis en video de quien es Leopoldo López)

Junto con Lòpez, también fueron condenados los estudiantes Ángel González, Deminan Martin y Christian Holdack.

La defensa de López prometió apelar la condena de su cliente, la cual varios organismos internacionales condenaron como excesiva.

read more

La amenaza del Canal de Nicaragua

Por: Vera Narváez
SURLA.ORG

Pueblos originarios y Afro-Descendientes de la costa caribe de Nicaragua amenazados por el Gran Canal Interoceánico

Para los pueblos originarios y afro descendientes que habitan dentro de la Republica de Nicaragua el gobierno continúa implementando técnicas de asimilación y manipulación, expropiación y despojo de tierras y en últimas instancias de genocidio cultural.

A pesar de ser un gobierno que se auto proclama el precursor de la reivindicación de la causa indígena en el país, es en realidad el que mas daño le ha hecho a esta causa. Este no es un artículo en contra del gobierno del Frente Sandinista de Revolución Nacional – FSLN – sino un artículo de crítica de la corrupta, y mala administración del Presidente-Comandante Daniel Ortega Saavedra, cuya administración hace con una mano y deshace con la otra, tira la piedra y esconde la mano.

Esta vez lo vemos mas claro con el impulso del mega proyecto del Gran Canal Interoceánico que apunta a la destrucción no solo de ecosistemas, medio ambiente, lagos, reservas tropicales y humedales, sino también atenta contra sus propios ciudadanos de una manera considerable y despiadada. El gobierno del comandante Ortega otorgo la concesión canalera a la empresa HKND-Hong Kong Nicaraguan Development– que incluye más de 10 mega proyectos, sobre los cuales un solo concesionario (el empresario de nacionalidad China que casi nadie en el mundo conoce Wang Jing) tiene derechos exclusivos de desarrollo y operación por un periodo de 116 años. Esta otorga derechos irrestrictos sobre recursos naturales como tierra, bosques, islas, aire, agua superficial, agua subterránea, espacio marítimo, plataforma continental y otros recursos adicionales que se pudiera considerar pertinentes en cualquier parte del país.

CANAL 2 Foto: Vera Narvaez

En Junio del año 2013 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en un apresurado y anómalo proceso legislativo – y sin referéndum alguno- de 8 días el proyecto de Ley del Canal Interoceánico, Ley No. 840 o ley canalera. El proyecto del Canal tendrá una longitud de 278 kilómetros, con un tramo de 105 kilómetros en el gran Lago de Nicaragua, su anchura será aproximadamente de 230 a 520 metros y su profundidad de 27.6 – 30 metros. Según autoridades de la Comisión del Canal, este permitirá el paso de portacontenedores de 25,000 TEU’s, graneleros de 400 mil toneladas y petroleros de 320 toneladas, La capacidad del canal será de 5,100 barcos anuales, con 30 horas de transito por cada barco. Lo que el gobierno no dice abiertamente es que aparte de los 278 kilómetros de largo que necesita para dicho canal, se le suma un área de influencia directa de 10 kilómetros a cada lado del canal y las áreas adicionales requeridas por el inversionista para la construcción de dicho proyecto. Lo que nos dice que este proyecto es un pretexto para la expropiación masiva de tierras para la implementación de “sub-proyectos” tales como resorts, explotación minería, complejos hoteleros, y cualquier otro proyecto que represente un valor adquisitivo para inversionistas no solamente nacionales sino, y precisamente, inversionistas internacionales que ven este proyecto como una oportunidad para ampliar sus negocios y lucrarse excesivamente dado la mano de obra barata, tierras fértiles y productivas y ecosistemas idílicos perfectos para campos de golf, mega industria hotelera y explotación de recursos naturales.

A pesar de ser un proyecto rechazado por diversos sectores de la sociedad civil tales como ambientalistas, indigenistas, intelectuales, artistas, economistas, derechos humanos, por movimientos de mujeres y religiosos, científicos y académicos nacionales e internacionales, el gobierno de Nicaragua hace caso omiso a los llamados de atención de estos sectores, y se une a la pequeña cúpula de la empresa privada Nicaragüense para ejecutarlo – lamentablemente son ellos los que manipulan y controlan los medios que mantienen a nuestro país empobrecido por tanta corrupción.

CANAL 6 Foto: Vera Narvaez. Durante socialización del proyecto

Del proyecto no se sabe casi nada, a lo sumo generalidades que mencionan los medios de comunicación. Lo que deja a los Nicaragüense un sentimiento de zozobra, angustia, indignación y mucha preocupación de lo que puede ocurrir en nuestro país. De lo que si sabemos es sobre la falta de información general del proyecto, falta de análisis y discusión publica, ausencia de consulta, desconocimiento del concesionario, violación a la soberanía nacional y del terrible establecimiento de un régimen de privilegios “legales” para un solo concesionario.

Lo mas triste de este proyecto es que el gobierno hace creer a la población que los Nicaragüenses será los mayores beneficiados por este Canal cuando la mayoría de su población campesina e indígena serán las personas más afectadas por este proyecto, en vista a lo establecido por el articulo 12 de la ley 840 en donde establece el marco de expropiación de tierras que resultara en el desplazamiento forzoso de miles de habitantes originarios de estas tierras donde pasara el canal. La población Nicaragüense a pesar de tener un bajo índice de educación –según los “estándares internacionales”- esta clara que este proyecto trae repercusiones graves e irreparables no solo para el medio ambiente sino para la sociedad en general y se lo han hecho saber al gobierno a través de sus 34 recursos por inconstitucionalidad presentados por 180 ciudadanos nicaragüenses y 41 marchas a través de todo el territorio nacional, en especial en las comunidades que serán directamente afectadas por el paso del mega canal.

Este proyecto tiene previsto afectar directamente 7 áreas protegidas y la destrucción de 193 mil hectáreas de bosques diversos, 13 municipios en los que vive una población estimada de mas de 373,000 personas, de las cuales 119 mil aproximadamente se verán directamente afectadas y lo peor aun es que el Estado de Nicaragua se hace de la vista gorda y sigue manteniendo a la población desinformada y con el alma en un hilo por no saber el numero exacto de ciudadanos que serán sometidos al terrible procedimiento de expropiación que hasta el momento no da ninguna garantía de justa compensación, reubicación o restauración de sus condiciones de vida.

Este proyecto se complica aún más cuando se planea y se ejecuta su construcción en territorios indígenas y afro descendientes. Según la Ley No. 28 Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua de 1987, Ley No. 445 sobre el Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz del año 2002 y el Convenio No.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Estado de Nicaragua en el 2010. Este convenio obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas antes de iniciar cualquier proyecto en sus territorios: actuando en buena fe, entregando la información técnica, los estudios previos e informar sobre los impactos que pueda causar la obra; promover una participación efectiva del pueblo indígena por medio de un proceso de dialogo y discusión, adaptado a sus propia cultura, costumbre y tradiciones y acordar sobre los beneficios compartidos, compensación al uso de sus territorios y recursos naturales para llegar al consentimiento libre, previo e informado. Este proyecto claramente atenta contra el derecho a la libre determinación de los pueblos, su autonomía, su autogobierno, derechos culturales y atropella leyes nacionales diseñadas especialmente para la protección de sus derechos humanos, pactos con los pueblos indígenas y afro descendientes, tratados y convenios internacionales.

Una de las comunidades originarias que será afectada por este proyecto es Bangkukuk Taik –o Punta de Águila en Español- comunidad indígena Rama ubicada en la Región Autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua, al sur de Bluefields y al norte de San Juan de Nicaragua, precisamente a unos pocos kilómetros de la desembocadura del rio Punta Gorda y dentro de la reserva de biosfera Punta Gorda. La comunidad de Punta de Águila es una de las nueve comunidades que conforma el Gobierno Territorial Rama y Kriol – GTRK. Se conforma aproximadamente de unas 140 personas -según las últimas encuestas realizadas por el GTRK entre 2005 y el 2007- y actualmente esta integrada por los últimos Rama parlantes de la región.

CANAL 4 Foto: Vera Narvaez

Sin embargo la ruta del Canal Interoceánico fue anunciada en Julio del 2014 por el gobierno y por la empresa concesionaria HKND. Se informo que parte de esta ruta pasará por los territorios indígenas Rama y Kriol de las comunidades de Bangkukuk Taik y de Monkey Point afectando así directamente sus territorios, su forma de vivir, separando sus comunidades y poniendo en riesgo de extinción un idioma hablado por aproximadamente 8% de sus comunitarios.

Entre las obras previstas a realizarse en el territorio Rama y Kriol se contempla la construcción de un puerto de aguas profundas en la comunidad de Bangkukuk Taik, el cual llevara el mismo nombre de la comunidad “Puerto Punta de Águila”; carreteras de acceso y un lago artificial de 395 kilómetros cuadrados denominado “Lago Atlanta” en rio de Punta Gorda afectando a centenares de comunidades campesinas ubicadas dentro del territorio Rama y Kriol cuyas tierras serán inundadas por la construcción del lago y su situación jurídica territorial es compleja. Los campesinos, que a su vez son vistos como colonos invasores para los indígenas, no poseen titulo de propiedad ya que se han asentado en los propios territorios indígenas llegando a negociaciones pacifica con ellos para hacer uso de la tierra y co-vivir de manera armoniosa sin dañar al medio ambiente y sin poseer tierras individuales. Para estos campesinos que no poseen título de propiedad la ley canalera no estable compensación alguna, es decir, que serán desalojados sin protección alguna.

CANAL 3 Foto: Vera Narvaez

Cabe mencionar que Bagkukuk Taik depende de la agricultura de consumo, de la caza en los bosques de sus territorios, y de la pesca tradicional; recolectan frutos y plantas medicinales y cortan la madera para el autoconsumo en la construcción de viviendas y canoas, su principal medio de transporte. La economía de estos pueblos es principalmente de subsistencia y su seguridad alimentaria depende de los recursos naturales de sus territorios compartidos de manera tradicionalmente ancestral y colectiva. El presidente comunal de Bangkukuk Taik expreso su preocupación en una de las visitas realizadas a la comunidad en diciembre del 2014:

….“si ese proyecto viene todo lo proveniente de la tierra y del mar para nuestra subsistencia se destruiría y ¿después que pasaría con nosotros si todo desaparece de la tierra y del mar?….nosotros no vivimos del gobierno, vivimos de esta tierra y del mar, de lo que Dios nos dio en estas tierras, y estas tierras no son para destruirlas sino para vivir de ella y para protegerla..”.

Actualmente el Estado de Nicaragua aun no implementa el debido proceso de consulta libre, previa e informada que tiene como objetivo llegar a un consentimiento por parte de los pueblos afectados y en su defecto ha empezado una estrategia de manipulación a lideres originarios, irrespetando los lineamientos de consultas que estos pueblos le entregaron al gobierno para el proceso de consulta el pasado Diciembre 2014. Hay que dejar claro que consulta y consentimiento no son sinónimos sino procesos complementarios y es ahí donde muchos proyectos de este tipo se siguen aprovechando de los pueblos originarios. La Corte Inter-Americana ha resaltado la diferencia entre “consulta” y “consentimiento” en el caso del Pueblo Saramaka en contra del Estado de Surinam en el año 2007 al considerar que:

“cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio indígena, el Estado tiene la obligación, no solo de consultar a los pueblos indígenas, sino también debe obtener el consentimiento libre, previo e informado de estos, según sus costumbres y tradiciones, el Estado tiene el deber, desde el inicio de la actividad que se propone, de consultar activamente con el pueblo indígena, de buena fe, y con el objetivo de llegar a un acuerdo, lo cual a su vez requiere que el Estado acepte y brinde información al respecto en un formato entendible y públicamente accesible”.

CANAL Foto: Vera Narvaez. Consulta sin firmas

Ante este desconcierto y preocupación de los comunitarios originarios y afro-descendientes el Gobierno Territorial Rama y Kriol -GTR-K órgano ejecutivo máximo territorial para las comunidades indígenas y afro-descendientes Rama y Kriol de la Región Autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua presento una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 31 de Octubre del 2014. La CIDH concedió audiencia pública el pasado 16 de Marzo para escuchar tanto a los peticionarios afectados como al Estado de Nicaragua. La CIDH se mostró escéptica ante las pretensiones del Estado de Nicaragua y sumamente preocupada por la situación de los pueblos indígenas y afro-descendientes que serán afectadas, tanto así que la comisionada de nacionalidad Paraguaya Rosa María Ortiz compartió el caso de su país sobre la experiencia del mega proyecto de la represa de Itaipu “…Mi país Paraguay tuvo una experiencia con la represa de Itaipu que hasta hoy casi 50 años después sufrimos consecuencias de poblaciones indígenas que finalmente quedaron como pordioseros en las calles a pesar de que el proyecto contemplaba todas las medidas para encarar un adecuado traslado, etc.…”. La comisionada Ortiz pregunto al Estado de Nicaragua si este tiene algún protocolo especial de consulta con la información adecuada y si hay algún mecanismo de control del proyecto para asegurar la transparencia y mitigar posibles corrupciones que se den en el proceso. Ante estas preguntas y preocupaciones el Estado de Nicaragua no fue capaz de contestar claramente y se limito mediocremente a contestar con un discurso político partidario.

Actualmente el proceso de consulta sigue pendiente con las comunidades indígenas y afro descendientes y sus comunitarios ya se encuentran en vías de un proceso de litigio internacional en contra del Estado de Nicaragua. Esta no seria la primera vez que el Estado es llevado ante tribunales internacionales de protección de derechos humanos por sus pueblos indígenas, recordemos que la comunidad originaria Mayagna de Awas-Tingni y los originarios Miskitus han demandado al Estado de Nicaragua ante la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos en el 2001 y 2005 por violación a sus territorios ancestrales y a sus derechos políticos.

Este cortometraje refleja las preocupaciones de la comunidad Bangkukuk Taik, tras varias visitas al territorio. Seguiremos apoyando su lucha.

read more

A drug war made in Mexico?

By: Belen Fernandez
@MariaBelen_Fdez
Source: Al Jazeera

US drug policy has spelt nothing but trouble for Mexico.

In February 2013, the New York Times’ Thomas Friedman made a curious prediction: that Mexico would beat out India and China as “the more dominant economic power in the 21st century”.

Descending briefly upon the city of Monterrey, “Mexico’s industrial/innovation centre”, Friedman determined that, despite prevailing problems involving “drug cartels, crime syndicates, government corruption and weak rule of law”, something remarkable had happened: “It’s as if Mexicans subconsciously decided that their drug-related violence is a condition to be lived with and combated but not something to define them any longer.”

According to Friedman’s unique access to the Mexican psyche, the new national self-identity involved free trade agreements (Mexico had signed “more than any country in the world”!) and attendant phenomena such as dismally low wages (phrased more euphemistically, of course).

Never mind that the North American Free Trade Agreement (NAFTA), which came into effect in 1994, has played a crucial role in fuelling not one but all of the problems listed by Friedman – which would seem to hint that his fit of neoliberal ecstasy was perhaps a tad out of place.

‘Free trade’

In a new book called A Narco History: How the United States and Mexico Jointly Created the “Mexican Drug War”, Mexican novelist Carmen Boullosa and Pulitzer-Prize winning historian Mike Wallace document NAFTA’s passage as an essential godsend for the drug trade, the lucrativeness of which has greatly exacerbated official corruption.

The aftermath of the agreement, the authors note, saw the number of Mexican farmers living in poverty increase by one-third, with two million of them eventually forced to abandon their land.
The rampant dismantling of rural livelihoods was due in part to the fact that US agribusiness, “having zero qualms about ideological inconsistency, remained heavily subsidised”, while Mexican subsidies for small farmers were forcibly removed along with tariffs and quotas on agricultural imports. “Free trade” indeed.

Many remaining farmers “found the burgeoning market for marijuana and poppies their only avenue to surviving on the land”, while the swelling mass of urban unemployed provided the drug cartels with fertile recruiting ground. And the NAFTA-induced surge in cross-border traffic simplified the “insert[ion of] narcotics into the stream of northward-bound commodities”.

Century of war

Obviously, NAFTA didn’t create the drug business in Mexico, nor did it single-handedly spawn the calamitous “Mexican Drug War”, which officially commenced in 2006 and in a matter of six years eliminated an estimated 70,000-109,000 people.

But it’s a prime example of how a century’s worth of US policies and cross-border machinations have exacerbated narco-activity under the pretence of curbing it.
Boullosa and Wallace argue that the very denomination “Mexican Drug War” is deceiving given its joint construction by Mexico and its domineering northern neighbour – a process that kicked off in 1914 with the United States’ proscription of narcotics and the conversion of the US-Mexico frontier into a natural gateway for illicit substances.

Over the years, US haranguing of Mexican authorities to crack down on narco trafficking ignored the root of the problem – US demand – and produced a succession of seemingly counterproductive effects. The heavyweights of the drug trade, for example, ended up ever more empowered as lesser contenders were weeded out.

Reported US favouritism towards certain cartels presumably didn’t help matters.

Other opportunities for irony also abounded. Not long after the Mexican government racked up US Cold War brownie points by using its anti-drug mission to go after suspected leftists and other troublemakers, an idea dawned on the American creators of the Iran-Contra affair: Drug lords inundating the US with illicit substances via Mexico could also inundate the right-wing Nicaraguan contras with weapons and cash. Again, “zero qualms”.

Prolonging the fight

Now, 101 years after the US initially declared war on drugs in 1914, you’d think the country might have noticed that it’s not exactly working out.

But as Boullosa and Wallace demonstrate, there are potent forces pushing for a continuation of business as usual. The US Drug Enforcement Administration, they note, would “be hard-pressed to justify its annual budget of roughly $2.5bn if the legal ground shifted beneath it” towards drug decriminalisation.

Arms manufacturers, too, have made a killing off of the southward flow of weapons, both to the Mexican drug cartels – which are awash in American-made arms – and to the Mexican state, to battle the cartels.

As of the mid-2000s, according to Boullosa and Wallace, there were no fewer than 6,700 licensed gun dealers along the US-Mexico border. And US security assistance to Mexico wouldn’t be complete without lucrative contracts to American firms like Northrop Grumman.

Also rooting for a perpetuation of the status quo, the authors write, is the “mammoth incarceration complex [in the US] that … will likely resist any diminution in the production of felons, its lifeblood”.

Source: http://securityassistance.org/

Source: http://securityassistance.org/

Fulfilling the dream

The modern “Mexican Drug War”, meanwhile, is a misnomer in more ways than one. It’s not a war on drugs, which continue to reach the US in the very same quantities. It’s more a war on Mexico’s civilians, who have served disproportionately as victims of the state’s hyper-militarised response to drug cartels – the same cartels with whom elements of the state are perpetually in cahoots.

Boullosa and Wallace note that when Felipe Calderon, former Mexican president and co-father of the current war, met with US ambassador to Mexico Antonio Garza prior to assuming office in 2006, the ambassador encouraged him in his designs for a full-out showdown with the narcos:

“Indeed [Garza] warned that if Calderon wanted to attract the investments needed to jump-start Mexico’s economy, ‘foreigners and Mexicans alike had to be reassured that the rule of law would prevail’.”

For the moment, the rule of law doesn’t appear to be looming on the Mexican horizon. However, if the investor class can be sufficiently distracted by prospects for exploitation in a country in which nearly half the population lives in poverty, Mexico just might fulfil the Friedmanian dream.

Look out, India and China.

Belen Fernandez is the author of The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work, published by Verso. She is a contributing editor at Jacobin Magazine.

read more

Los lunares de Leopoldo López

Por: Juan Diego Castro Leon
@castroyleon

Lo que no se dice del líder de la oposición que muchos consideran un héroe

Una desproporcionada campaña de apoyo por la oposición Venezolana se viene cocinando en Colombia en las últimas semanas.

En momentos en que el vecino país afronta una crisis económica por la caída del petróleo, y una administración que raya con la paranoia, debemos ser honestos con la manera en que varios grupos de interés nos están clavando la idea de que existe una guerra en contra de héroes y mártires de la oposición Venezolana.

Leopoldo López:

Hijo de una familia pudiente, que proclama ser – por parte de su madre – descendiente de Simón Bolívar; figura histórica Latinoamericana que inspiró la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez.

Su tío abuelo fue ministro durante el mandato de Eleazar López Contreras, presidente que por decreto exilió a políticos y personas comunes que tenían afinidad por ideología Comunista y Anarquista.

Su padre fue acusado de fraude y lavado de dinero, en una investigación de Interpol, por mover decenas de miles de dólares a Singapur.

Su madre fue la vicepresidenta del Grupo Cisneros, que fue uno de los principales financiadores y apoyos – por medio de la cadena Venevisión – del Golpe de Estado en 2002. Igualmente estuvo involucrada en un escándalo de conflicto de interés por transferir fondos públicos a su hijo, cuando ella se desempeñaba como Gerente de Asuntos Públicos de PDVSA en 1999.

Como Alcalde de Chacao, López lideró el Golpe de Estado en su distrito, en contra del presidente Hugo Chávez. De igual manera durante los días del Golpe lideró a una muchedumbre que intentó linchar al Ministro del Interior de la época.

Fue investigado por rebelión, por promover la llamada Operación de la Plaza Altamira en Octubre de 2002, en donde se refugiaron 14 militares disidentes que auto declararon la zona territorio liberado.

También fue inhabilitado por la Contraloría de Venezuela por desviar recursos públicos cuando ejercía como Alcalde.

Recientemente es más conocido por liderar, en sus propias palabras el alzamiento para salir de Maduro, que empezó el 12 de Febrero del 2014, y se prolongó por varios meses y el cual le costó la vida a 43 personas, la gran mayoría por causa de las Guarimbas que Lopez promovió como estrategia de bloqueo de las calles. En una célebre frase, López anuncio que los bloqueos y protestas no cesarían hasta que logremos sacar a los que está gobernando.

López fue uno de los padrinos políticos de Lorent Saleh, mejor conocido por ser el simpatizante Neonazi Venezolano, que con ayuda de militares colombianos y políticos de oposición pretendía realizar acciones terroristas en Venezuela con francotiradores, bombas, y la creación de un grupo paramilitar.

Leopoldo-orent

La fiscalía Venezolana acusa a Leopoldo López de; Instigación pública; Daños a la propiedad; Asociación para el delito.

(Análisis en video de quien es Leopoldo López)

Antonio Ledezma

Es un abogado y político de carrera que por varios periodos ha ejercido como alcalde metropolitano de Caracas. Su carrera política en Caracas fue catapultada al ser designado Gobernador del Distrito Capital por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, quien fue responsable por la muerte y desaparición de más de 2000 personas en el episodio conocido como el Caracazo. Este evento fue precursor que desato el intento de Golpe de Estado por parte de Hugo Chávez en 1992.

Ledezma trabajo en su última campaña para la alcaldía de Caracas de la mano el ya mencionado Lorent Saleh, a quien llevaba a eventos públicos para pregonar discursos de apoyo.
Ledezma es también mencionado en videos en los que Saleh describe sus planes para desestabilizar a Venezuela por la vía de acciones terroristas. En el video se escucha a Saleh refiriéndose a Ledezma como una persona clave para sus planes; “es un zorro viejo, la experiencia ni se compra, ni se vende (…) el político que más ha apoyado es Ledezma, por eso era nuestro candidato a la Presidencia”.

Igualmente Antonio Ledezma fue otra de las figuras que junto a Leopoldo López y María Corina Machado, activaron las manifestaciones en Febrero 12, 2014, que tuvieron intenciones golpistas y fatales resultados.

Ledezma fue detenido ayer jueves 19 de Febrero, por orden de la Fiscalía por sus presuntos vínculos en otro intento de Golpe de Estado la semana pasada, junto con algunos militares activos y retirados.

El mismo libreto

Una vez más la situación política en Venezuela se calienta por orden de la campaña mediática que se gesta desde la oposición de derecha Latinoamericana. Pero el pánico golpista del gobierno no ayuda. Es cierto que la oposición Venezolana es financiada por instancias del gobierno de EEUU, como lo revelo Wikileaks. Es cierto que la oposición esconde sus intenciones detrás del lenguaje de democracia, derechos humanos, y libertad de expresión que tradicionalmente utilizo y utiliza la izquierda ante la represión de gobiernos de derecha (es una estrategia regional adscrita a centros de pensamiento Republicano). Es cierto que existe una guerra económica en contra de Venezuela, al peor estilo de Chile en los 70. Pero toca combatir a la derecha retardataria con creatividad, más allá del discurso de conspiración, porque la conspiración es una realidad.

Lo que ahora vemos en Venezuela es una serie de investigaciones a personas que claramente saltan de la legalidad a la ilegalidad cuando les place. Y ese juego mediático de la oposición en Venezuela tiene que ser cuestionado con rigor por los medios en Colombia y la opinión pública.

www.las2orillas.co

read more

OTRO GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

Por: Juan Diego Castro
Noviembre 25, 2013

El pueblo horndureño esta en las calles demandando transparencia en el conteo de votos. VOTO POR VOTO, ACTA POR ACTA

La jornada electoral de Honduras cerró con un ambiente de incertidumbre y desconfianza, cuando al final de jornada los dos candidatos que lideraban las encuestas se proclamaron ganadores.  Para las 11:30pm con 54% de los votos escrutinados el Tribunal Superior Electoral (TSE) dio su último reporte del día con los resultados preliminares que muestran a Juan Orlando Hernández del oficialismo golpista Partido Nacional con 34% de los votos y a Xiomara Castro del Partido LIBRE con28%.   Los dos partidos que le siguen son el Partido Liberal con 20% y el Partido Anti Corrupción con el 15% de los votos.

La jornada comenzó más tranquila de lo que se esperaba, con un despliegue extenso de las fuerzas armadas. Pero el día se empezó a opacar lentamente como reporta la Mesa de Análisis Electoral, una organización que aglutina a varios observadores electorales. Se reportaron al menos 63 irregularidades en la jornada, desde hostigamiento a observadores internacionales, militarización de medios, acoso militar contra integrantes de mesas electorales, hasta compra de votos y credenciales por parte del partido oficialista e irregularidades en el padrón electoral. Fue tal la desfachatez que a 50 metros de las mesas electorales se encontraban miembros del partido oficialista ofreciendo cheques y tarjetas de crédito de subsidios del estado a personas que se dirigían a votar, reporto la organización indígena COPINH.
También se reporto el asesinato de cinco personas a plena luz del día muy cerca de uno de los centros de votación de lo cual la policía no ha confirmado si fue un crimen en relación con las elecciones.

Desde las 7am los hondureños salieron en masa a votar en las elecciones con la mayor participación electoral en la historia con 61%. Para las 3pm las 16,100 mesas reportaban largas filas por lo cual el TSE extendió el horario de votación hasta las 5pm. Al cerrar las mesas de votación y al terminar el conteo, cada mesa enviaba los resultados a los partidos y al TSE. Para las 7pm el Partido LIBRE manifestó que dada la tendencia por boca de urna, es decir reportes de las mesas a esa hora, se podía declarar que Xiomara Castro ganaría las elecciones. Y a las 8:45pm la candidata de LIBRE trino en los medios sociales ´´Con los resultados de la boca de urna que hemos recibido puedo decirles con toda seguridad: SOY LA PRESIDENTA DE HONDURAS´´. La reacción no se dio a esperar y Juan Orlando Hernández se declaro ganador después del primer reporte  del TSE que le daba  a él una ventaja del 4%, en discrepancia con las estadísticas de LIBRE.

Desde ese momento se desato la polémica e incertidumbre que cierra el día con debates en los medios que apoyan al oficialismo y a los golpista, y quienes apoyan la a Xiomara Castro y a la resistencia.

Por su parte el TSE es cuestionado por su cercanía con el gobierno que representa al oficialismo y a los golpistas, y promueve su deslegitimación al ser incapaz de responder por 20 % de las actas de las mesas de votación, excusándose por una falla técnica. Esto ha traído aun mas sospecha y desacuerdo. Ya el Partido LIBRE rechazo los resultados preliminares del TSE al igual que el Partido Anti Corrupción.

Desde los movimientos sociales, Berta Cáceres del COPINH llamo a una convergencia civica para hacer respetar los votos de la resistencia. ´´Este es otro golpe de estado¨ dijo la dirigente indígena a TeleSur. ´´Pero nosotros sabemos cómo responder a eso´´. ´´Si gana Juan Orlando Hernández sabemos que abra más militarización y represión´´ [por medio de la ley de despojo de tierra ancestral para las multinacionales, y con las Ciudades Modelo, del cual él es su mayor impulsor] Y añade, ´´Nuestra lucha es justa, y  continuaremos con el slogan: a más represión, más lucha y organización.´´

 

 

read more

Page 1 of 512345
top