La amenaza del Canal de Nicaragua

Por: Vera Narváez
SURLA.ORG

Pueblos originarios y Afro-Descendientes de la costa caribe de Nicaragua amenazados por el Gran Canal Interoceánico

Para los pueblos originarios y afro descendientes que habitan dentro de la Republica de Nicaragua el gobierno continúa implementando técnicas de asimilación y manipulación, expropiación y despojo de tierras y en últimas instancias de genocidio cultural.

A pesar de ser un gobierno que se auto proclama el precursor de la reivindicación de la causa indígena en el país, es en realidad el que mas daño le ha hecho a esta causa. Este no es un artículo en contra del gobierno del Frente Sandinista de Revolución Nacional – FSLN – sino un artículo de crítica de la corrupta, y mala administración del Presidente-Comandante Daniel Ortega Saavedra, cuya administración hace con una mano y deshace con la otra, tira la piedra y esconde la mano.

Esta vez lo vemos mas claro con el impulso del mega proyecto del Gran Canal Interoceánico que apunta a la destrucción no solo de ecosistemas, medio ambiente, lagos, reservas tropicales y humedales, sino también atenta contra sus propios ciudadanos de una manera considerable y despiadada. El gobierno del comandante Ortega otorgo la concesión canalera a la empresa HKND-Hong Kong Nicaraguan Development– que incluye más de 10 mega proyectos, sobre los cuales un solo concesionario (el empresario de nacionalidad China que casi nadie en el mundo conoce Wang Jing) tiene derechos exclusivos de desarrollo y operación por un periodo de 116 años. Esta otorga derechos irrestrictos sobre recursos naturales como tierra, bosques, islas, aire, agua superficial, agua subterránea, espacio marítimo, plataforma continental y otros recursos adicionales que se pudiera considerar pertinentes en cualquier parte del país.

CANAL 2 Foto: Vera Narvaez

En Junio del año 2013 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en un apresurado y anómalo proceso legislativo – y sin referéndum alguno- de 8 días el proyecto de Ley del Canal Interoceánico, Ley No. 840 o ley canalera. El proyecto del Canal tendrá una longitud de 278 kilómetros, con un tramo de 105 kilómetros en el gran Lago de Nicaragua, su anchura será aproximadamente de 230 a 520 metros y su profundidad de 27.6 – 30 metros. Según autoridades de la Comisión del Canal, este permitirá el paso de portacontenedores de 25,000 TEU’s, graneleros de 400 mil toneladas y petroleros de 320 toneladas, La capacidad del canal será de 5,100 barcos anuales, con 30 horas de transito por cada barco. Lo que el gobierno no dice abiertamente es que aparte de los 278 kilómetros de largo que necesita para dicho canal, se le suma un área de influencia directa de 10 kilómetros a cada lado del canal y las áreas adicionales requeridas por el inversionista para la construcción de dicho proyecto. Lo que nos dice que este proyecto es un pretexto para la expropiación masiva de tierras para la implementación de “sub-proyectos” tales como resorts, explotación minería, complejos hoteleros, y cualquier otro proyecto que represente un valor adquisitivo para inversionistas no solamente nacionales sino, y precisamente, inversionistas internacionales que ven este proyecto como una oportunidad para ampliar sus negocios y lucrarse excesivamente dado la mano de obra barata, tierras fértiles y productivas y ecosistemas idílicos perfectos para campos de golf, mega industria hotelera y explotación de recursos naturales.

A pesar de ser un proyecto rechazado por diversos sectores de la sociedad civil tales como ambientalistas, indigenistas, intelectuales, artistas, economistas, derechos humanos, por movimientos de mujeres y religiosos, científicos y académicos nacionales e internacionales, el gobierno de Nicaragua hace caso omiso a los llamados de atención de estos sectores, y se une a la pequeña cúpula de la empresa privada Nicaragüense para ejecutarlo – lamentablemente son ellos los que manipulan y controlan los medios que mantienen a nuestro país empobrecido por tanta corrupción.

CANAL 6 Foto: Vera Narvaez. Durante socialización del proyecto

Del proyecto no se sabe casi nada, a lo sumo generalidades que mencionan los medios de comunicación. Lo que deja a los Nicaragüense un sentimiento de zozobra, angustia, indignación y mucha preocupación de lo que puede ocurrir en nuestro país. De lo que si sabemos es sobre la falta de información general del proyecto, falta de análisis y discusión publica, ausencia de consulta, desconocimiento del concesionario, violación a la soberanía nacional y del terrible establecimiento de un régimen de privilegios “legales” para un solo concesionario.

Lo mas triste de este proyecto es que el gobierno hace creer a la población que los Nicaragüenses será los mayores beneficiados por este Canal cuando la mayoría de su población campesina e indígena serán las personas más afectadas por este proyecto, en vista a lo establecido por el articulo 12 de la ley 840 en donde establece el marco de expropiación de tierras que resultara en el desplazamiento forzoso de miles de habitantes originarios de estas tierras donde pasara el canal. La población Nicaragüense a pesar de tener un bajo índice de educación –según los “estándares internacionales”- esta clara que este proyecto trae repercusiones graves e irreparables no solo para el medio ambiente sino para la sociedad en general y se lo han hecho saber al gobierno a través de sus 34 recursos por inconstitucionalidad presentados por 180 ciudadanos nicaragüenses y 41 marchas a través de todo el territorio nacional, en especial en las comunidades que serán directamente afectadas por el paso del mega canal.

Este proyecto tiene previsto afectar directamente 7 áreas protegidas y la destrucción de 193 mil hectáreas de bosques diversos, 13 municipios en los que vive una población estimada de mas de 373,000 personas, de las cuales 119 mil aproximadamente se verán directamente afectadas y lo peor aun es que el Estado de Nicaragua se hace de la vista gorda y sigue manteniendo a la población desinformada y con el alma en un hilo por no saber el numero exacto de ciudadanos que serán sometidos al terrible procedimiento de expropiación que hasta el momento no da ninguna garantía de justa compensación, reubicación o restauración de sus condiciones de vida.

Este proyecto se complica aún más cuando se planea y se ejecuta su construcción en territorios indígenas y afro descendientes. Según la Ley No. 28 Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua de 1987, Ley No. 445 sobre el Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz del año 2002 y el Convenio No.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Estado de Nicaragua en el 2010. Este convenio obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas antes de iniciar cualquier proyecto en sus territorios: actuando en buena fe, entregando la información técnica, los estudios previos e informar sobre los impactos que pueda causar la obra; promover una participación efectiva del pueblo indígena por medio de un proceso de dialogo y discusión, adaptado a sus propia cultura, costumbre y tradiciones y acordar sobre los beneficios compartidos, compensación al uso de sus territorios y recursos naturales para llegar al consentimiento libre, previo e informado. Este proyecto claramente atenta contra el derecho a la libre determinación de los pueblos, su autonomía, su autogobierno, derechos culturales y atropella leyes nacionales diseñadas especialmente para la protección de sus derechos humanos, pactos con los pueblos indígenas y afro descendientes, tratados y convenios internacionales.

Una de las comunidades originarias que será afectada por este proyecto es Bangkukuk Taik –o Punta de Águila en Español- comunidad indígena Rama ubicada en la Región Autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua, al sur de Bluefields y al norte de San Juan de Nicaragua, precisamente a unos pocos kilómetros de la desembocadura del rio Punta Gorda y dentro de la reserva de biosfera Punta Gorda. La comunidad de Punta de Águila es una de las nueve comunidades que conforma el Gobierno Territorial Rama y Kriol – GTRK. Se conforma aproximadamente de unas 140 personas -según las últimas encuestas realizadas por el GTRK entre 2005 y el 2007- y actualmente esta integrada por los últimos Rama parlantes de la región.

CANAL 4 Foto: Vera Narvaez

Sin embargo la ruta del Canal Interoceánico fue anunciada en Julio del 2014 por el gobierno y por la empresa concesionaria HKND. Se informo que parte de esta ruta pasará por los territorios indígenas Rama y Kriol de las comunidades de Bangkukuk Taik y de Monkey Point afectando así directamente sus territorios, su forma de vivir, separando sus comunidades y poniendo en riesgo de extinción un idioma hablado por aproximadamente 8% de sus comunitarios.

Entre las obras previstas a realizarse en el territorio Rama y Kriol se contempla la construcción de un puerto de aguas profundas en la comunidad de Bangkukuk Taik, el cual llevara el mismo nombre de la comunidad “Puerto Punta de Águila”; carreteras de acceso y un lago artificial de 395 kilómetros cuadrados denominado “Lago Atlanta” en rio de Punta Gorda afectando a centenares de comunidades campesinas ubicadas dentro del territorio Rama y Kriol cuyas tierras serán inundadas por la construcción del lago y su situación jurídica territorial es compleja. Los campesinos, que a su vez son vistos como colonos invasores para los indígenas, no poseen titulo de propiedad ya que se han asentado en los propios territorios indígenas llegando a negociaciones pacifica con ellos para hacer uso de la tierra y co-vivir de manera armoniosa sin dañar al medio ambiente y sin poseer tierras individuales. Para estos campesinos que no poseen título de propiedad la ley canalera no estable compensación alguna, es decir, que serán desalojados sin protección alguna.

CANAL 3 Foto: Vera Narvaez

Cabe mencionar que Bagkukuk Taik depende de la agricultura de consumo, de la caza en los bosques de sus territorios, y de la pesca tradicional; recolectan frutos y plantas medicinales y cortan la madera para el autoconsumo en la construcción de viviendas y canoas, su principal medio de transporte. La economía de estos pueblos es principalmente de subsistencia y su seguridad alimentaria depende de los recursos naturales de sus territorios compartidos de manera tradicionalmente ancestral y colectiva. El presidente comunal de Bangkukuk Taik expreso su preocupación en una de las visitas realizadas a la comunidad en diciembre del 2014:

….“si ese proyecto viene todo lo proveniente de la tierra y del mar para nuestra subsistencia se destruiría y ¿después que pasaría con nosotros si todo desaparece de la tierra y del mar?….nosotros no vivimos del gobierno, vivimos de esta tierra y del mar, de lo que Dios nos dio en estas tierras, y estas tierras no son para destruirlas sino para vivir de ella y para protegerla..”.

Actualmente el Estado de Nicaragua aun no implementa el debido proceso de consulta libre, previa e informada que tiene como objetivo llegar a un consentimiento por parte de los pueblos afectados y en su defecto ha empezado una estrategia de manipulación a lideres originarios, irrespetando los lineamientos de consultas que estos pueblos le entregaron al gobierno para el proceso de consulta el pasado Diciembre 2014. Hay que dejar claro que consulta y consentimiento no son sinónimos sino procesos complementarios y es ahí donde muchos proyectos de este tipo se siguen aprovechando de los pueblos originarios. La Corte Inter-Americana ha resaltado la diferencia entre “consulta” y “consentimiento” en el caso del Pueblo Saramaka en contra del Estado de Surinam en el año 2007 al considerar que:

“cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio indígena, el Estado tiene la obligación, no solo de consultar a los pueblos indígenas, sino también debe obtener el consentimiento libre, previo e informado de estos, según sus costumbres y tradiciones, el Estado tiene el deber, desde el inicio de la actividad que se propone, de consultar activamente con el pueblo indígena, de buena fe, y con el objetivo de llegar a un acuerdo, lo cual a su vez requiere que el Estado acepte y brinde información al respecto en un formato entendible y públicamente accesible”.

CANAL Foto: Vera Narvaez. Consulta sin firmas

Ante este desconcierto y preocupación de los comunitarios originarios y afro-descendientes el Gobierno Territorial Rama y Kriol -GTR-K órgano ejecutivo máximo territorial para las comunidades indígenas y afro-descendientes Rama y Kriol de la Región Autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua presento una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 31 de Octubre del 2014. La CIDH concedió audiencia pública el pasado 16 de Marzo para escuchar tanto a los peticionarios afectados como al Estado de Nicaragua. La CIDH se mostró escéptica ante las pretensiones del Estado de Nicaragua y sumamente preocupada por la situación de los pueblos indígenas y afro-descendientes que serán afectadas, tanto así que la comisionada de nacionalidad Paraguaya Rosa María Ortiz compartió el caso de su país sobre la experiencia del mega proyecto de la represa de Itaipu “…Mi país Paraguay tuvo una experiencia con la represa de Itaipu que hasta hoy casi 50 años después sufrimos consecuencias de poblaciones indígenas que finalmente quedaron como pordioseros en las calles a pesar de que el proyecto contemplaba todas las medidas para encarar un adecuado traslado, etc.…”. La comisionada Ortiz pregunto al Estado de Nicaragua si este tiene algún protocolo especial de consulta con la información adecuada y si hay algún mecanismo de control del proyecto para asegurar la transparencia y mitigar posibles corrupciones que se den en el proceso. Ante estas preguntas y preocupaciones el Estado de Nicaragua no fue capaz de contestar claramente y se limito mediocremente a contestar con un discurso político partidario.

Actualmente el proceso de consulta sigue pendiente con las comunidades indígenas y afro descendientes y sus comunitarios ya se encuentran en vías de un proceso de litigio internacional en contra del Estado de Nicaragua. Esta no seria la primera vez que el Estado es llevado ante tribunales internacionales de protección de derechos humanos por sus pueblos indígenas, recordemos que la comunidad originaria Mayagna de Awas-Tingni y los originarios Miskitus han demandado al Estado de Nicaragua ante la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos en el 2001 y 2005 por violación a sus territorios ancestrales y a sus derechos políticos.

Este cortometraje refleja las preocupaciones de la comunidad Bangkukuk Taik, tras varias visitas al territorio. Seguiremos apoyando su lucha.

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